El impresionante número de suspensos llama a la alarma: ¿tan mal están los edificios barceloneses (y por extensión los catalanes, porque se trata de una estadística extrapolable)? En una media redondeada, sólo uno de cada cuatro pasa a la primera la ITE o inspección técnica de edificios que fija la Generalitat, según datos de los colegios profesionales de arquitectos (lo sitúan en uno de cada cinco) y de aparejadores (poco más de uno de cada tres). Se detectan deficiencias consideradas al protocolo como «graves» que impiden obtener el obligatorio certificado de aptitud. Especialmente en fachadas y azoteas que comportan una inversión por parte del vecino.
Es tanta el miedo a afrontar estos gastos, que en toda la provincia de Barcelona y desde que se implantaron las ITE hace cuatro años, la Agencia de la Vivienda de Cataluña sólo contabiliza unas 9.000 inspecciones realizadas (la mayoría suspensas) frente al parque de unas 72.000 edificaciones anteriores a 1960 en la provincia que ya tendrían que haber sido revisadas. A estas se tienen que sumar las casi 40.000 construidas entre 1961 y 1970, y que en principio tienen que pasar el trámite este año.
MIEDO AL RESULTADO / Vivienda no puede cuantificar cuántas construcciones realmente se han sometido a una ITE. Y es que ahora los propietarios no están obligados a comunicar los informes con incidencias graves, que comportan el suspenso. Sólo a acudir a la ventanilla de la Administración cuando la inspección ya se ha pasado y se presenta la documentación firmada por un aparejador o arquitecto para obtener el certificado final de apto. De forma que muchas comunidades no se atreven a someterse a la itv por miedo al suspenso o bien, una vez que suspenden, optan para no solucionar los problemas por el coste económico. Congelando de este modo la situación, y sin la necesaria conservación. La ley contempla sanciones en este sentido, pero por ahora y en plena crisis, no son el objetivo.
El director de la agencia, Jaume Fornt, es consciente del desfase entre la previsión de edificios que tendrían que haber sido inspeccionados y los que han conseguido el certificado, que en toda Cataluña hasta el 2014 fueron 7.168, la mayoría a la provincia de Barcelona. De todo este volumen territorial, señala, más del 60% registra incidencias consideradas profesionalmente graves (aunque no suelen suponer riesgo) o muy graves (porcentaje anecdótico).
En Barcelona provincia, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) hasta el diciembre pasado había sumado 5.318 inspecciones, con el resultado de un 33% de deficiencias leves que sólo implican tareas de mantenimiento, un 4% sin deficiencias, y un 63% con problemas considerados graves y que suponen el suspenso inicial. Es decir, que uno de cada tres aprueba. En cambio, al Colegio de Arquitectos de Cataluña, el informe es negativo en el 80% de casos (uno de cada cinco), después de 5.000 revisiones en tres años, la mayoría en Barcelona ciudad.
Manuel Segura, director del gabinete técnico del CAATEEB, explica que esta gravedad no suele implicar peligro, pero sí que obliga a resolver las deficiencias. El problema es que las escaleras que establece la normativa son muy limitadas. Obliga a calificar patologías como humedades y filtraciones o grietas en este episodio, aunque afecten parcialmente la construcción y en muy diferente grado. Para paliar este círculo vicioso, que ha paralizado la emisión de certificados de aptitud, el Gobierno está acabando un decreto que se prevé aprobar en abril y que establece nuevos grados en las calificaciones.
REALISMO / Fornt detalla que la principal diferencia, además de prorrogar un año los plazos, es que se creará una categoría de «deficiencias importantes», que sin suponer riesgo para el bloque o las personas, necesitan corrección, pero no impiden obtener de forma directa el aprobado, aunque este se tendrá que revisar en seis años y no en los 10 habituales. Por el contrario, se considerarán graves las que comporten peligro y requieran medidas cautelares y obras inmediatas. El director de l’Agència de l’Habitatge, opina que se tiene que hacer presión porque todo el mundo ejerza su responsabilidad en la conservación de los inmuebles, pero «siendo realistas». Con el decreto, todos los casos se tendrán que comunicar a la Administración, con un calendario fijado para la rehabilitación.
El vicepresidente del CAATEEB, Antoni Floriach, puntualiza que los problemas de fachadas y cubiertas afectan el conjunto de la ciudad. En cambio, los estructurales suelen ceñirse a los cascos antiguos, como el Gótico, el Arrabal, el Borne… La hornada de edificios que se añaden a la inspección de este año, hasta 1970, es muy numerosa, con casi el doble de construcciones que la década anterior y marcada todavía por la aluminosis en muchas zonas de la ciudad.